Contenido
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| La Constitución de los Estados Unidos |
| Preguntas |
| I – II – III – IV – V – VI – VII |
| Modificación de la Constitución |
| I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X |
| XI – XII – XIII – XIV – XV – XVI – XVII – XVIII – XIX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX |
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| Constitución original |
| Ley de Derechos |
| Modificaciones adicionales |
La Sexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es parte de la Ley de Derechos que fue ratificada en 1791. La enmienda establece derechos que están relacionados con las persecuciones penales. Esta enmienda se basa en la creencia de que la justicia retrasada es la justicia negada. En su primera cláusula, trata de equilibrar los derechos individuales y sociales requiriendo un juicio rápido. La enmienda también se ajusta a la perspectiva democrática de la justicia y la transparencia en el derecho penal requiriendo los juicios públicos compuestos por jurados imparciales.
Texto
Derecho a una prueba rápida y pública
Esta cláusula reitera los derechos del acusado a un juicio rápido.Tiene una prueba de 4 partes que determina si el derecho del acusado a un juicio rápido ha sido deshonrado o no. Los 4 factores considerados en el juicio incluyen: la justificación del retraso, la duración del retraso, el daño al acusado debido al retraso y si el acusado ha afirmado el derecho.Si los derechos del acusado han sido violados de acuerdo con la regla de la Corte Suprema, las acusaciones deben ser despedidas por completo.
Por otra parte, el Tribunal Supremo limita el derecho a la parte del juicio público; por lo que un tribunal puede limitar el acceso a un juicio si la exposición destabilizaría los derechos del acusado.El acusado también puede solicitar un juicio cerrado, pero él o ella debe demostrar que un juicio público impedirá su derecho a una juicio justa.
Juez imparcial
Este es el segundo principio de las cinco partes que hacen la Sexta Enmienda. En este principio, un acusado tiene derecho a un jurado en la mayoría de los juicios. Sin embargo, si el delito lleva una sentencia de 6 o menos meses, el juicio sólo puede ser llevado a cabo por un juez. El acusado no sólo tiene derecho a un jurado, sino también a un imparcial. Esto significa que, los miembros del jurado no deben ser despedidos y el pool desde el que los jurados son elegidos debe representar una justa sección cruzada de la comunidad.
Al cruzar el examen del jurado, la defensa y la persecución pueden preguntar a los jurados potenciales algunas preguntas cuyas respuestas pueden mostrar discrepancias. Los miembros del jurado que muestran cualquier evidencia de discrepancias pueden ser despedidos. Se permiten también varios desafíos peremptorios a cada lado, lo que significa que algunos jurados potenciales pueden ser despedidos por ninguna razón aparente. Sin embargo, los desafíos no deben basarse en sexo o raza.
Notificación de las tasas
Este principio requiere que el acusado sea informado de la causa y la naturaleza de la acusación. Esto significa que el acusado debe presentarse con las acusaciones del gobierno de forma formal. En caso de falonía, la presentación se realiza con una acusación (un informe completo de las acusaciones contra el acusado).
Debido a este requisito constitucional, la información y las acusaciones deben ser precisas y indicar todos los elementos del delito con el que se acusa un acusado.
Cláusulas de confrontación
En esta sección de la enmienda, un acusado debe tener la oportunidad de cruzar el examen y hacer frente a cualquier testigo contra él para asegurarse de que las declaraciones de los testigos se capturen en un caso abierto y de que se mantengan sus derechos de procedencia.
Derecho a un abogado
La quinta y sexta modificación dan a un acusado el derecho a un abogado. Sin embargo, la sexta modificación aplique después de que el acusado haya sido acusado de un delito. Esto significa que, el acusado no tiene derecho a un abogado hasta que él o ella sea arrojado en el tribunal y informado de las acusaciones así como sus derechos.
Aunque los acusados indigentes se proporcionan con abogados incluso en los tribunales inferiores; si el delito cometido no tiene un tiempo de cárcel, entonces el acusado no tiene ningún derecho constitucional a un abogado. Debido a que la mayoría de los acusados generalmente se proporcionan con un abogado, el Tribunal Supremo requiere que esos abogados sean razonablemente efectivos durante su representación.
No obstante, es difícil demostrar que un abogado era realmente ineficiente mientras representaba a un acusado. Además, el Tribunal Supremo permite a un acusado representarse a sí mismo, a menos que el juez encuentre que el acusado es mentalmente enfermo o es incompetente para defenderse a sí mismo. Cuando el acusado solicita una auto-representación, el juez debe advertirle de las desventajas y peligros de hacerlo.